Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) confiamos en que diputadas, diputados, senadoras y senadores estarán a la altura del momento que atraviesa el país, y asumirán la responsabilidad histórica que les toca: derogar de forma urgente el Decreto 461/2025, con el que el gobierno nacional dispuso la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo estratégico con 93 años de historia al servicio del desarrollo, la integración y la vida en las rutas del país.
Nuestro firme pedido se realiza tras el reciente fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martin, que hizo lugar a la medida cautelar presentada por SEVINA, sindicato de base de nuestra federación, y dejó en suspenso la aplicación del decreto. Ese fallo, que valoramos profundamente, representa un respaldo judicial a la lucha gremial, pero no resuelve de fondo la amenaza: el decreto puede aplicarse si no es anulado por el Congreso.
La disolución de Vialidad no es una simple reorganización del Estado. Es un acto criminal que pone en peligro directo la vida de millones de argentinos y argentinas que todos los días transitan rutas nacionales. Rutas que hoy están en un 65% a 70% en estado regular o malo, producto del abandono, la paralización de obras, la suspensión de tareas de mantenimiento y la retención ilegal del impuesto a los combustibles.
No es falta de capacidad. Es decisión política. El gobierno nacional eligió deliberadamente deteriorar las rutas, para luego justificar su entrega al negocio privado. Porque eso es lo que viene: concesiones sobre 9.120 kilómetros de rutas “rentables”, sin obligación de inversión ni pago de canon, y con tarifas más altas. Todo para beneficio de empresas, nada para la Nación.
¿Y los 33.000 kilómetros restantes? Los no rentables, los que conectan a pueblos, los que sostienen las economías regionales, los que no garantizan ganancias pero sí vida y federalismo… esos quedan abandonados.
El decreto de Milei destruye Vialidad, deja a miles de trabajadores en la calle, empuja a más familias a la pobreza, y condena al país al retroceso y la fragmentación.
Por todo esto, FEPEVINA solicita a las y los legisladores del Congreso Nacional la derogación inmediata del Decreto 461/25.
Defender Vialidad Nacional es defender la vida, el territorio, la soberanía y el trabajo. Derogar el decreto es una obligación moral, constitucional y patriótica.